La publicación del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, marcó un punto de inflexión para la profesión de la Naturopatía en España. En particular, la inclusión de la U.101 "Terapias no convencionales" como una "unidad asistencial en la que un médico es responsable de realizar tratamientos de las enfermedades por medios de medicina naturista o con medicamentos homeopáticos o mediante técnicas de estimulación periférica con agujas u otros que demuestren su eficacia y su seguridad" generó una profunda preocupación en el sector. La Organización Colegial Naturopática OCNFENACO no tardó en reaccionar, emprendiendo una serie de acciones legales y de presión para defender los intereses de los profesionales Naturópatas.
Las Primeras Respuestas y Acciones Legales (Enero de 2004)
Inmediatamente después de la publicación del Real Decreto, FENACO, basándose en el estudio de su Asesoría Jurídica, inició las acciones legales legal. Una de las primeras y más significativas acciones fue la denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esta medida buscaba un amparo a nivel comunitario, poniendo de manifiesto la situación de los profesionales naturópatas ante una normativa que, a su juicio, afectaba sus derechos.
Casi simultáneamente, OCNFENACO extendió su búsqueda de amparo a nivel nacional, recurriendo al Defensor del Pueblo y a las figuras del Defensor del Pueblo en aquellas Comunidades Autónomas donde existían. El objetivo era claro: asegurar que los derechos laborales adquiridos por los profesionales Naturópatas fueran considerados en la aplicación del Real Decreto. Además, OCNFENACO no descartó la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto si se confirmaba que vulneraba los derechos laborales y profesionales de sus miembros. La esperanza era que estas peticiones condujeran a una modificación que permitiera consolidar los servicios de Naturopatía como una prestación sociosanitaria reconocida.
La Persistencia en la Demanda de Regulación (Febrero de 2006)
Dos años después de las primeras acciones, en febrero de 2006, OCNFENACO seguía exigiendo al Ministerio de Sanidad y Consumo una legislación favorable para los profesionales Naturópatas. La OCNFENACO valoraba "muy negativamente" el mantenimiento de los criterios establecidos en el Real Decreto 1277/2003, especialmente en lo referente al Apartado U.101. A pesar de la intervención solicitada a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la postura del Ministerio no había cambiado.
OCNFENACO reiteró su argumento fundamental: la profesión de Naturopatía, como área de conocimiento de los Métodos Naturales de Salud, no está incluida en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Por lo tanto, argumentaban que la apertura de un servicio de Naturopatía no debía estar condicionada por este Real Decreto, ya que la Naturopatía se sitúa en el marco de las profesiones sociosanitarias, y no sanitarias en el sentido estricto de la LOPS.
En este contexto, la Organización Colegial Naturopática OCNFENACO también abordó la aplicación del Real Decreto por parte de algunos Ayuntamientos, que, según OCNFENACO, carecía de base jurídica al exigir permisos de apertura basados en criterios sanitarios para servicios de Naturopatía. Por ello, se establecieron contactos con los responsables de la gestión de aperturas de centros a nivel local para clarificar la "realidad jurídica y laboral" de la profesión.
La OCNFENACO, expresó la expectativa de que el Gobierno mostrara sensibilidad hacia los intereses laborales de los profesionales Naturópatas, instando a la regulación de la Naturopatía. Esta regulación, según la OCNFENACO, no era solo una demanda de los Profesionales Naturópatas Colegiados, sino una "necesidad ineludible" y una cuestión de justicia que la sociedad en pleno también exigía.
En resumen, las acciones de OCNFENACO tras la publicación del Real Decreto 1277/2003 reflejan una estrategia multifacética que incluyó recursos legales a nivel europeo y nacional, así como una constante labor de concienciación y presión política para lograr el reconocimiento y la regulación adecuada de la Naturopatía en el marco legal español.

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